COVID-19 y el cumplimiento de los contratos

Ante el estado de alarma declarado por el gobierno español el pasado 14 de marzo de 2020 como consecuencia de la grave situación provocada por el COVID-19, son muchos los empresarios que se preguntan cómo afecta esta declaración al cumplimiento de los contratos, tanto públicos como privados, en vigor. La situación es especialmente preocupante para todas las relaciones empresariales que se han visto directamente afectadas por las limitaciones impuestas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

 

Pues bien, aunque las disposiciones legales dictadas en los últimos días no resuelven esta concreta cuestión, entendemos que, desde un punto de vista legal, la pandemia del COVID-19 podría ser considerada como una causa de fuerza mayor que impide cumplir con las obligaciones contractuales. La recomendación ante esta situación es que las partes intenten llegar a acuerdos de “buena fe” que eviten iniciar acciones judiciales, teniendo en cuenta, además, que los juzgados han sido clausurados, salvo excepciones, y no se admiten demandas por incumplimiento de contratos.

 

El concepto de “fuerza mayor” se encuentra previsto en el artículo 1105 del Código civil, junto con el de “caso fortuito”: “Fuera de los casos expresamente mencionados en la ley, y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.” Así, la fuerza mayor se define como un acontecimiento extraordinario, imprevisible e inevitable, es decir, que no habría sido posible evitar ni aplicando la máxima diligencia.

 

Una situación de fuerza mayor, por tanto, exonera de responsabilidad a quien hubiera incumplido su obligación; en consecuencia, no podrá exigirse indemnización por daños y perjuicios en estos casos. Ello no significa que la parte obligada a cumplir quede liberada de su obligación, sino que no podrá serle exigida responsabilidad derivada de dicho incumplimiento.

 

Sin perjuicio de lo anterior, la coyuntura actual supone, a nuestro juicio y siguiendo las tendencias jurisprudenciales, una alteración sustancial de las condiciones iniciales en las que se suscribió en contrato (“rebus sic stantibus”) y, por tanto, nos podemos encontrar ante dos escenarios: la conveniencia de suspender el cumplimiento de aquellas obligaciones imposibles de cumplir, o bien la necesidad de resolver el contrato en aquellos casos en que el incumplimiento haga imposible la viabilidad de la relación. En ambos casos, no obstante, como decíamos, no habrá posibilidad de exigir indemnización por daños y perjuicios a la parte incumplidora. Todo ello, excepto que el propio contrato prevea los efectos de una causa de fuerza mayor, en cuyo caso habrá que estar a lo que el propio contrato establezca.

 

En conclusión, nuestra recomendación es revisar los contratos caso por caso, y analizar la viabilidad de una negociación con el fin de alcanzar un acuerdo de buena fe de suspensión de la ejecución de aquellos, de forma que, aunque ello no pueda evitar los efectos económicos, ciertamente negativos, del COVID-19, pueda dar un cierto alivio a los principalmente obligados y permita continuar con la relación contractual una vez quede reinstaurada la normalidad. Como alternativa, en caso de no conseguir un acuerdo amistoso, el Consejo General de la Abogacía de España recomienda acudir a la mediación como medio de resolución de conflictos.

 

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