Novedades Real Decreto Ley 17/2019 y 1/2020 | Ofrecimiento de alquiler social y función social de la vivienda vacía

El Decreto Ley 17/2019, de 23 de diciembre, de medidas urgentes para mejorar el acceso a la vivienda, y el Decreto Ley 1/2020, de 21, de enero, de aplicación en todo el territorio de Cataluña, introducen una serie de novedades importantes que afectarán sin duda al mercado inmobiliario, de las cuales queremos destacar brevemente las siguientes.

 

Ofrecimiento de alquiler social por los grandes tenedores:

 

Se consideran grandes tenedores a las personas jurídicas y físicas que tengan más de 15 viviendas, así como a los fondos de capital riesgo y de titulación de activos.

 

Los grandes tenedores, con carácter previo a la interposición de la correspondiente demanda de desahucio, están obligados a ofrecer un alquiler social a las familias en riesgo de exclusión residencial. En este sentido, los plazos de duración de los contratos de alquiler social serán de 7 años en caso que el arrendador sea una persona jurídica o fondo de capital riesgo y de 5 años en caso que el arrendador sea una persona física, pudiendo prorrogarse por 7 o 5 años más, siempre y cuando el arrendatario continúe en situación de exclusión residencial. Asimismo, la renta vendrá determinada a partir de los ingresos de la unidad familiar y en ningún caso podrá superar el 18% de los mismos.

 

El ofrecimiento del alquiler social resulta igualmente de aplicación a todos los procedimientos iniciados antes de la entrada en vigor del Decreto 17/2019, el pasado 31 de diciembre de 2019, que se encuentren en trámite. El incumplimiento de esta obligación comportará sanciones económicas para el infractor que podrán oscilar entre 9.000.-€ y 90.000.-€.

 

Función social de la vivienda vacía:

 

Una segunda modificación de especial relevancia, se refiere a la consideración de vivienda vacía como incumplimiento de la función social de la propiedad. Así se considera vivienda vacía aquella vivienda que permanezca desocupada, sin causa justificada, por un plazo de más de dos años. Y en este punto, es preciso resaltar que igualmente tendrá la consideración de vivienda vacía aquella que se encuentre ocupada sin título legítimo, considerándose asimismo vivienda vacía los edificios cuyas obras estén ejecutadas en un 80% una vez transcurrido dos años desde el plazo de finalización de las mismas.

 

Si la vivienda permanece dos años desocupada, la vivienda se inscribirá en el “Registro de viviendas vacias”. A tal efecto, se podrán imponer multas coercitivas y, en su caso, si persiste el incumplimiento de la función social de la propiedad, es decir, si sigue sin ocuparse, se podrá expropiar temporalmente o incluso definitivamente el inmueble a su propietario, por un valor del 50 % del precio estimado de la vivienda.

 

Autor: Julio C. Vieitez, Abogado de RSM Spain