El 19 de septiembre de 2020 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, la cual en materia concursal no modifica sustancialmente las medidas ya establecidas en el RDL 16/2020, de 28 de abril, aunque viene a introducir algún importante matiz, como, por ejemplo, el cese de la prioridad de la subasta judicial extrajudicial, el favorecimiento de la financiación por personas especialmente relacionadas, la ampliación del plazo de cuatro meses previsto en el art. 583 TRLC (anterior art. 5 bis LC) a seis meses para que pueda solicitar el concurso de acreedores aquel deudor que haya comunicado la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive , o la inclusión de dos nuevos supuestos que gozarán de una tramitación preferente relativos a los concursos consecutivos de personas físicas sin masa y al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (BEPI). Con esto último el legislador efectúa una apuesta en favor de la tramitación rápida de los llamados procesos de segunda oportunidad, ante el previsible incremento de los mismos a raíz de la grave crisis económica que ha provocado la crisis sanitaria.
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