La vía concursal positiva como oportunidad para las empresas tras el COVID 19

Los efectos económicos de la crisis sanitaria, provocada por el Covid 19 a nivel nacional e internacional, se encuentran en boca de todos con un marcado carácter negativo y alarmista que se manifiesta en unas previsiones muy pesimistas respecto del estado de la economía una vez finalice la situación de alarma sanitaria, pero; ¿están irremediablemente avocadas las pequeñas y medianas empresas que suponen la mayoría del tejido empresarial de España al cierre o al temido concurso de acreedores?

 

Para responder a esa pregunta debemos partir del concepto de concurso de acreedores, el cual, se encuentra estigmatizado en el tráfico mercantil, llegando en algunos casos a denominarlo erróneamente como una suerte de “derecho funerario” encaminado al cierre definitivo de las empresas. Este concepto, dista mucho de la realidad positiva con la que fue concebida la norma concursal y en mi opinión elimina uno de los pilares fundamentales en que se basa el sistema concursal, como es el velar por los intereses del deudor y los acreedores buscando una solución que en la medida de lo posible satisfaga a todos.

 

Esta visión positiva del sistema concursal, como fuente de oportunidades para reflotar empresas ahogadas económicamente, se ve si cabe reforzado con las medidas económicas establecidas por el Gobierno, especialmente en sus Reales Decretos 463/2020 de 14 de marzo y 8/2020 de 17 de marzo, como tratará de exponerse a continuación.

 

La paralización y suspensión de determinados plazos establecidas por las normas citadas y que son objeto de análisis constante por los profesionales, tanto empresariales como legales, habilita una vía poco analizada, que en este artículo se ha denominado vía concursal positiva, y que, de aprovecharse correctamente, permitiría a muchas empresas solucionar los problemas derivados de la paralización de su actividad.

 

Es previsible que muchas de las compañías que componen el tejido empresarial de España vean como la suspensión de su actividad durante el estado de alarma suponga su entrada en situación de insolvencia y la agravación de los problemas económicos que pudieran arrastrar con anterioridad. Ante esta situación, debemos proponer el contenido de la normativa concursal modificada por los decretos gubernamentales, anteriormente citados, y que en la práctica suspenden la obligación de solicitar el temido concurso de acreedores, lo que permitiría a los empresarios contar con un plazo más amplio de los dos meses habituales previstos en el artículo 5 de la Ley 22/2003 Concursal, en el que puedan tratar de lograr un acuerdo con sus acreedores, el llamado convenio, o un acuerdo de refinanciación con las entidades bancarias que les permita salir de la situación de insolvencia.

 

En este punto cobra importancia la figura preconcursal de la comunicación del artículo 5 bis de la Ley 22/2003 Concursal, que se configura como un espacio temporal de seguridad jurídica para el deudor con la idea precisamente de facilitar la consecución de un acuerdo entre el deudor y sus acreedores, cuya negociación recomiendo llevar a cabo desde el mismo instante en que se vislumbre la insolvencia de la compañía para aprovechar la suspensión de plazos derivada de la implantación de las medidas de lucha contra el Covid 19.

 

Por otro lado, si finalmente la empresa decide encarar el procedimiento concursal, una vez concluido el plazo de cuatro meses previsto en el artículo 5 bis de la Ley Concursal, siempre que se haya negociado de forma efectiva, permitirá al deudor iniciar un procedimiento mucho más favorable, mediante la solicitud del concurso de acreedores acompañando al mismo de una propuesta anticipada de convenio conforme a lo dispuesto en los artículos 104 y siguientes de la norma concursal.

 

Un punto especialmente relevante, es que, en caso de que la compañía lograrse un acuerdo con las mayorías suficientes, se puede vincular al mismo incluso a aquellos acreedores que no hayan confiado en el mismo y hubieran votado en contra conforme a lo dispuesto en los artículos 124 y 134 de la Ley Concursal.

 

De forma que, mediante el aprovechamiento de las posibilidades concursales que recoge la Ley 22/2003 Concursal y empezando la actuaciones a las que se refiere este artículo durante el cese forzado de su trabajo, las empresas cuya insolvencia se hubiera producido con motivo de su inactividad durante el estado de alarma provocado por el Covid 19, podrían disfrutar de un plazo de incluso más de seis meses previos a instar el concurso para acometer su reestructuración y hacer frente a la situación económica deficitaria en que pudiera encontrarse, mediante la aplicación de quitas y esperas con sus acreedores, así como calendarios de pago, que permitieran la viabilidad futura de la compañía y su reactivación tras la paralización de su actividad.

 

Podemos concluir que, tras el temido concurso de acreedores, se esconde realmente una oportunidad para reorganizar y reflotar aquellas empresas que se encuentren en situación de insolvencia con motivo de la suspensión forzosa de su actividad derivada de las modificaciones implementadas por las medidas económicas de lucha contra el Covid 19 en materia concursal.

 

Autor: Iñigo Andrés González, abogado en RSM Spain