Precios de transferencia: ¿quién pagará la factura de esta crisis?

Precios de transferencia covid 19En las últimas semanas todo gira en torno al COVID-19, como no podía ser de otro modo. Profesionales de diversos ámbitos nos esforzamos en barruntar como afectará en la esfera diaria de nuestra actividad o especialidad.

 

No cabe duda de que en el ámbito fiscal, la preocupación ahora mismo se centra en cuestiones que nos afectan de manera más cercana; como por ejemplo el anunciado aplazamiento del pago de impuestos del primer trimestre de 2020 o la campaña del IRPF. Es lo que tiene esta crisis, la rapidez con la que ha avanzado hace que las preocupaciones y los recursos se centren en el corto plazo.

 

En el ámbito de la fiscalidad internacional y los precios de transferencia la gravedad de la situación puede impedirnos pensar y planificar qué ocurrirá cuando en unos meses tengamos que analizar y documentar las operaciones de este año 2020, justificar las pérdidas generalizadas o los beneficios extraordinarios de aquellas multinacionales que están haciendo su particular agosto.

 

Algunas empresas me han trasladado la misma pregunta: ¿Quién debe hacerse cargo dentro del Grupo de las pérdidas generadas por esta crisis?

 

La respuesta no es sencilla. Como siempre ocurre en materia de precios de transferencia, habrá que hacer uso del sentido común: analizar y estudiar el comportamiento de las partes antes, durante y después de la crisis; analizar el reparto de funciones y riesgos; revisar las cláusulas de fuerza mayor o de otro tipo en los contratos; comprobar cómo ha afectado a los comparables; situación del sector; inversiones específicas; ERTEs; o aspectos regulatorios, entre otros.

 

En materia contractual resultará clave identificar el fuero aplicable. El sometimiento a las leyes españolas determinaría la entrada en escena de la fuerza mayor o la cláusula rebus sic stantibus. Si bien la primera podemos encontrarla en la mayoría de los contratos y, por tanto, no es exclusiva de nuestro ordenamiento jurídico. La segunda es una construcción jurisprudencial española que podría aplicar en los casos en los que no se reconociera causa de fuerza mayor.

 

No es objeto de este artículo analizar la cláusula rebus sic stantibus. Los expertos en derecho civil ya han publicado interesantísimos estudios sobre la materia. Simplemente, quiero apuntar que dicha cláusula podría aplicar en situaciones contractuales de grupos siempre que, como consecuencia de esta crisis, se produzca una alteración sustancial de las circunstancias que rigieron la firma del contrato, que provoque una desproporción desorbitada entre las prestaciones de las partes que no pueda ser reequilibrada de otro modo.

 

Otros aspectos a tener en cuenta serán los aspectos regulatorios de los países de residencia de las compañías. Así, ante la orden de cese de actividad ordenada por un gobierno ¿hasta qué punto las autoridades fiscales de ese mismo país pueden rechazar que la filial de un grupo multinacional residente en ese país asuma las pérdidas derivadas de la crisis?. ¿Qué ocurrirá si en el otro país no se ha decretado el cese de actividades, se ha decretado de manera menos invasiva o con menor duración?

 

En definitiva, los aspectos contractuales y los aspectos regulatorios son solo dos ejemplos de aspectos que deberán tenerse en cuenta a la hora de analizar este año 2020 desde la perspectiva de las operaciones vinculadas. Pero insisto en que la lista puede ser extensa y los análisis muy diferentes a los de ejercicios anteriores.

 

El trabajo de precios de transferencia de 2020 no podrá ser una mera actualización del informe preparado para 2019 y requerirá de un análisis específico y detallado de las circunstancias del ejercicio. No cabe duda de que esta crisis comportará una caída de márgenes que tendrá que venir acompañada de un buen trabajo de justificación y análisis económicos, ajustes en los estudios de benchmarking, etc. Trasladar automáticamente los principios o metodologías de reparto, o análisis de márgenes de ejercidos pasados para compartir las pérdidas derivadas de esta crisis puede comportar resultados injustos y alejados del principio de valor de mercado.

 

En definitiva, es más que recomendable guardar toda la información relacionada con la crisis: correspondencia y comunicaciones con el Grupo, clientes y proveedores, inversiones realizadas, cálculos del impacto de los ceses de actividad, gastos extraordinarios relacionados con la crisis, etc. En estos tiempos convulsos, un trabajo ordenado de recolección de información  ayudará a que cuando se acometa el análisis de 2020 se disponga del mayor número de elementos de análisis posible que ayude a justificar que la situación de nuestra compañía obedece a la crisis exclusivamente y no a valoraciones incorrectas de nuestras operaciones vinculadas. Este trabajo de documentación y análisis será especialmente clave en el marco de una inspección dentro de 2 ó 3 años cuando tengamos que justificar los resultados de 2020, e incluso de 2021, y esta crisis sea un triste recuerdo del pasado.

 

 

Autor: Jaime López, socio de RSM Spain